BRASILIA.- El Ministerio Público Federal de Brasil denunció a cinco militares retirados por la desaparición de un periodista en 1970, adoptando la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que desconoce la ley de Amnistía en vigencia en el país, a la que la Comisión de la Verdad pretende cambiar.
"No hay prescripción o amnistía para este tipo de crimen; el secuestro es un delito permanente y continúa consumándose durante todo el tiempo en que la víctima esté privada de su libertad", sostiene el escrito de la Procuraduría Federal, en contrario a lo establecido por la Ley de Amnistía, cuestionada por el tribunal internacional adscripto a la Organización de Estados Americanos (OEA).
En su fundamentación, la Procuraduría retoma la línea argumental de la condena de la Corte IDH contra el Estado brasileño por no investigar ni punir a los autores de crímenes continuados como el secuestro y la desaparición.
El caso se refiere al periodista y militante opositor Mario Alvesde Souza Vieira, secuestrado en enero de 1970 por miembros de Operaciones de Defensa Interna de Río de Janeiro. Se trata de la primera acusación federal formulada en Río de Janeiro contra ex agentes del aparato represivo.
Los integrantes de la Comisión de la Verdad pidieron a la presidenta Dilma Rousseff una prórroga para presentar su informe final sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar en Brasil (1964-1985). En el documento final que presentará la comisión se formularán recomendaciones sobre la ley de amnistía, en línea con lo propuesto por la Corte IDH.
"Lo que existió en Brasil no fue una amnistía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que lo que hubo fue una autoamnistía y las autoamnistías no son aceptables", declaró el coordinador de la comisión, el diplomático Paulo Sergio Pinheiro.
Hasta el momento no hubo una posición oficial de la comisión sobre la Ley de Amnistía, promulgada por el dictador Joao Baptista Figueireido, que antes de ser promovido a presidente por los militares fue jefe de los servicios de inteligencia, acusados de graves violaciones de los derechos humanos.
Una fuente de la comisión comentó que se formó un "consenso en los miembros" sobre la necesidad de limitar los alcances de la amnistía y hacerlo en los términos de lo indicado en la condena de la Corte IDH contra el Estado brasileño, en el que se lo insta a investigar y condenar a los culpables de crímenes atroces. Ex jefe de la policía política del Ejército en San Pablo, entre 1970 y 1974, Brilhante Ustra compareció ante la Comisión la semana pasada. Para sorpresa de los asistentes, dijo que actuó siguiendo órdenes de sus superiores, a la vez que tildó de "terrorista" a la presidenta Rousseff. (Télam)